Sólo el 18% de los españoles cree que deban darse ayudas públicas a las corridas de toros, según una encuesta realizada en 2007 por la Junta de Castilla-La Mancha en toda España. En cambio, el Estado español, desde los distintos escalones de la Administración, destina anualmente unos 500 millones de euros al fomento y proyección de la industria taurina, según distintas estimaciones.
La dificultad de sumar de modo fiable la cifra total se debe a que no hay escalón de la Administración Unión Europea, ministerios, autonomías, diputaciones y municipios que no dé ayudas al toro. Los ayuntamientos pagan directamente a empresarios y ganaderos por los festejos; las diputaciones mantienen las plazas y promocionan la lidia; y las comunidades sostienen las escuelas y pagan por derechos televisivos en los canales autonómicos.